

Esta iniciativa, en la que participan la Edeq, EPA, Efigas, Emca, EPQ y Policía, se crea debido al aumento de los delitos contra la infraestructura de estas empresas.
En el departamento del Quindío, 5 empresas decidieron unirse con la Policía, para reactivar la alianza contra el fraude de servicios públicos, un proyecto que se había desarrollado en 2014 y que ahora vuelve a surgir debido a la afectación que sufren los usuarios por el hurto de infraestructura.
Las entidades que hacen parte de esta iniciativa son la Empresa de Energía del Quindío, Edeq; Empresas Públicas de Armenia, EPA; Empresas Públicas de Calarcá, Emca; Empresas Públicas del Quindío, EPQ, y Efigas.
Esta unión se da para evitar principalmente las afectaciones en la prestación y calidad de cada uno de los servicios públicos en el departamento.
“El hurto de la infraestructura de agua, gas y energía va en detrimento de la calidad de los servicios públicos, ya que cuando se hurtan cables, rejillas, tapas, medidores es necesario hacer suspensiones y obras que no permiten el suministro pleno de los servicios. En cuanto a la seguridad de las personas al hurtar infraestructura se expone a la comunidad a fugas, corre riesgo la vida de las personas que realizan la acción, y se deja sin suministro de servicios esenciales a los quindianos, de forma que este delito tiene un impacto alto, principalmente a la comunidad”, dijo Jorge Iván Grisales Salazar, gerente de la Edeq.
Dijo que, para ellos, las afectaciones más frecuentes tienen que ver con habitantes de calle que ingresan a las redes subterráneas para robar el cable, afectando la calidad y la prestación del servicio, pero también afectan las acometidas de los usuarios generándoles pérdidas monetarias.
“Hay otra modalidad que son técnicos especializados conocedores del tema eléctrico, quienes se mimetizan como trabajadores de empresas de telecomunicaciones, entran a nuestras recámaras y reemplazan el cable de cobre que utilizamos por otro material de menor calidad que termina afectando la calidad del servicio”, apuntó.
Por esa razón el objetivo es que entre todos puedan trabajar para contrarrestar los hechos delictivos y aseguró que las estrategias para ello son varias. “Una de ellas es trabajar con las comunidades para que informen sobre todo tipo de actividades sospechosas, pero también contar con el apoyo de la Policía en diferentes actividades. Parte del trabajo también tiene que ver con articular a la Fiscalía, para que los casos de hurto puedan ser investigados y que los responsables tengan castigos”.
En cuanto a cifras, durante 2021 y 2022 se identificaron más de 50 hurtos de infraestructura eléctrica, que significaron el robo de cerca de 3.8 km de cable de cobre de media y baja tensión, que afectaron a 1.805 usuarios.
El impacto en la infraestructura de gas
El hurto en la infraestructura de gas se concentra en el hurto de los medidores que motivan emergencias, afectan el suministro del servicio para la comunidad y el usuario se ve impactado por la compra de un nuevo medidor, que tiene un costo aproximado de $300.000.
Jorge Enrique Gonzáles, subgerente técnico de Efigas, dijo que “lo que buscan evitar son las afectaciones y el malestar que se les genera a los clientes cuando por un hurto tenemos que suspender el servicio, pero además hay que tener en cuenta que este es un combustible, por lo que es un riesgo que personas inescrupulosas manipulen nuestra infraestructura para hurtar elementos”.
Resaltó que, en el Quindío, entre enero y el 22 de agosto de 2022, han registrado el hurto de 265 medidores de gas, de los cuales 210 se concentran en Armenia, 26 en Calarcá, 12 en La Tebaida, 10 en Quimbaya, 4 en Montenegro y 3 en Circasia.
Desde 2020 a la fecha, en Armenia se han robado 1.793 medidores
Jorge Iván Rengifo, gerente de Empresas Públicas de Armenia, dijo que es preocupante la situación, ya que los casos de hurto vienen en aumento sistemático en los últimos 2 años y ya no es solo el robo de medidores, sino de tapas de contadores, rejillas de sumideros, rejillas de alcantarillado y de infraestructura que ocasiona suspensiones largas del servicio a la comunidad.
Informó que el hurto de medidores en la ciudad ha sido de 1.793 unidades, de los cuales 279 fueron hurtados en el año 2020, 1.103 en 2021 y en lo corrido de 2022 van 411.
“Estas acciones no solo afectan la prestación del servicio, sino que, en el caso de los hurtos de rejillas y tapas de contadores y sumideros, pueden generar accidentes de tránsito o caídas de los transeúntes”, aseguró
Destacó que el costo de los daños, cuando se trata de medidores, es en promedio entre $150.000 y $250.000, dependiendo del daño, porque puede ser solo el medidor, pero en otros casos se roban las tapas, dañan parte de la red, la caja y todo va sumando.
A la fecha se han instalado 48 tapas de alcantarilla que se han reemplazado por tapas de plástico, una alternativa menos atractiva para los presuntos delincuentes, pero con la mala suerte que muchas de estas han sufrido ataques con fuego.
FUENTE LACRONICADELQUINDIO.COM