Procuradora General ordenó a la regional una acción preventiva por el hospital de Salento

Procuradora General ordenó a la regional una acción preventiva por el hospital de Salento

Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco.

Frente a la situación que atraviesa el Hospital San Vicente de Paúl de Salento, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, ordenó a la Procuraduría Regional iniciar de inmediato una acción preventiva para garantizar el servicio hospitalario lo más pronto posible.

“Sabemos que no es un tema de iliquidez, sino de estructura y problemáticas internas de prestación del servicio; con la preventiva estaremos acompañando nuestra gestión de control, para así resolver esta situación que afecta los derechos de los habitantes de este municipio quindiano”, dijo la procuradora.

La jefe del Ministerio Público resaltó la importancia del Eje cafetero para el ente de control, señalando que en 2021 la Regional Quindío realizó 143 radicados disciplinarios, de los cuales 95 en la actualidad se encuentran en indagación preliminar y 48 en investigaciones disciplinarias; mientras que la Provincial Armenia al día de hoy cuenta con 148 radicados disciplinarios, 89 de ellos en indagación preliminar y 59 investigaciones disciplinarias.

Su visita

La Procuradora durante la apertura al cuarto Seminario Regional de Implementación de la Ley 2094 de 2021 señaló que “los funcionarios, incluidos los de elección popular, deben observancia a sus obligaciones y limitaciones conforme a la Constitución y la Ley”, por lo tanto, “la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no los ampara para desviar su actuar sin ninguna consecuencia”.

Advirtió que “la misionalidad disciplinaria concebida en la Constitución Política a la Procuraduría fue ratificada por el legislativo y es una función esencial para vigilar la conducta de todos los funcionarios”.

Cabello Blanco aseguró que la nueva normativa busca el “respeto absoluto por el derecho universal al debido proceso. Es el caso de la eliminación de las únicas instancias, y las garantías de doble instancia y doble conformidad cuando en sede de apelación se dicta, por primera vez, sentencia condenatoria”.

Recordó que los “funcionarios de elección popular no están exentos de incurrir en faltas disciplinarias, incumplir deberes, inhabilidades, conflictos de interés; su condición de electos por voto no los exime de responder por ello”.

Finalizó: “El nuevo código disciplinario nos ayudará a potenciar esta misión constitucional. Considerar estos elementos en la Ley 2094 de 2021 se traducirá en prácticas concretas y útiles ante cualquier caso de corrupción”.

la crónica del Quindío