Lio entre fiscales alrededor del caso de Álvaro Uribe

Un aparte de las declaraciones de Hilda Niño en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos desató una fuerte polémica. La jurista fue condenada a prisión por haber recibido un soborno del paramilitar Miguel Ángel Mejía Múnera, alias ‘El Mellizo’, a cambio de omitir su pasado en el narcotráfico para permitirle presentarse en el proceso de Justicia y Paz contra el paramilitarismo. Niño aseguró que una fiscal buscó fabricar testimonios en contra de Uribe y de Luis Carlos Restrepo, el comisionado de paz que se fugó tras una desmovilización falsa de grupos paramilitares en 2006.

Niño aseguró en la declaración, revelada por El Espectador, que durante la administración de Viviane Morales en el ente acusador la citó la entonces directora de la Unidad de Justicia y Paz. El objetivo de la gestión, que habría sido ordenada por Morales, sería que ‘El Mellizo’, en ese entonces extraditado por narcotráfico en Estados Unidos, declarara en contra de Restrepo por la falsa desmovilización de un grupo de paramilitares en 2006.

Aunque Niño omitió el nombre de la directora de la Unidad de Justicia y Paz, este medio pudo establecer que se trata de Elba Beatriz Silva, actualmente fiscal octava delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

Silva fue nombrada como directora de la Unidad en 2011, tras la llegada de Viviane Morales a la Fiscalía. Duró un año, hasta el nombramiento de Eduardo Montealegre en el ente acusador. La alta funcionaria entró a dirigir la unidad tras desempeñarse en el despacho de la Fiscalía Quinta, con sede en los Llanos Orientales, donde lideró las investigaciones contra los bloques Centauros y Héroes del Llano de las AUC.

Gustavo Petro denunció en 2005 una grave irregularidad de la exfiscal Silva. Petro aseguró en plenaria del Congreso que la entonces fiscal de derechos humanos de Córdoba había engavetado una investigación de una reunión en 2000 entre un jefe paramilitar y el senador Álvaro ‘El Gordo’ García, en la que se planeó la masacre de Macayepo. A pesar de ser una acusada, la fiscal fue encargada de la investigación, que dio inicio al escándalo de la “parapolítica”. En 2006 fue trasladada al Tribunal Superior de Bogotá, y posteriormente a Justicia y Paz.

Después de ser reemplazada por Juan Carlos Hinestrosa en la dirección de la Unidad de Justicia y Paz, Elba Beatriz Silva fue trasladada ante la Corte Suprema. Allí está encargada de coordinar la investigación por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, el 2 de noviembre de 1995 en el norte de Bogotá.

La fiscal ha sido clave en el avance del proceso, con las órdenes de abrir pesquisas contra Carlos Lozada, senador del partido Comunes y exjefe de las Farc, y Ramiro Bejarano, exdirector del DAS durante el gobierno de Ernesto Samper. Las investigaciones de Silva habrían indicado las posibles órdenes de seguimiento del DAS contra Álvaro Gómez.