El alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales, no está de acuerdo con la eliminación del delito de concierto para delinquir en las protestas sociales.
 

El ministro de Justicia y el Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño, tiene entre sus prioridades sacar adelante la nueva reforma a la justicia penal colombiana. Entre lo que se ha conocido del proyecto que en marzo deberá ser radicado en el Congreso, 3 propuestas llaman la atención de la ciudadanía: la eliminación del delito de concierto para delinquir en las protestas sociales, la eliminación de la cárcel a los delitos menores como parte de la solución para el hacinamiento carcelario y la resocialización en los centros penitenciarios.

“Preferimos que el debate se dé sobre bases ciertas, el proyecto de ley que estamos pensando radicar ante el Congreso no es un proyecto de excarcelación y muchísimo menos de impunidad, no presentaríamos jamás un proyecto de impunidad. Este es un proyecto que está centrado en restablecer los derechos de las víctimas, favorecer la resocialización de las personas privadas de la libertad y establecer un grado de actividades de las personas privadas de la libertad que les permitiría irse reincorporando a la sociedad con la finalidad de evitar la reincidencia”, expuso el ministro Osuna Patiño.

Y añadió: “…estamos de acuerdo en tener una sociedad con menos delitos, con menos impunidad, y este proyecto le apunta a eso, con menos reincidencia y reconoce que nuestro sistema penitenciario es un fracaso total, no funciona bien y tenemos que mejorarlo, de eso se trata el debate”.
 

Reacciones locales

El alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales, dio a conocer su opinión y enfatizó en la necesidad de nuevas leyes que permitan ser más severos con el delincuente que hoy en día, según Ríos Morales, horas después de ser capturado sale con una sonrisa.

“Lo que nosotros necesitamos es una reforma estructural de la justicia, como alcaldes tenemos una gran preocupación y todos los días lo vivimos. Un ejemplo es que, esta semana, al comandante de los agentes de la Secretaría de Tránsito y Transporte, Setta, de Armenia y a otro agente, una persona en una motocicleta sin documentos los agredió con un cuchillo, los lesionó, y mientras ellos eran atendidos en el hospital se capturó al sujeto, pero cuando los funcionarios fueron a interponer la denuncia el agresor estaba libre”, expresó Ríos Morales.

Y añadió: “Yo no tengo que echarle la culpa a los jueces, ni mucho menos, es esta la reglamentación que está establecida y que permite que este tipo de situaciones sucedan, esto no es nuevo. Esperábamos que con la reforma al estatuto de la Policía hubiéramos tenido un mejoramiento en esto pero no lo hemos visto y la preocupación está en que los actos al margen de la ley están cogiendo más fuerza, cada vez son más beligerantes, más agresivos, son más ‘conchudos’, por decir la palabra y abiertamente estamos llegando a que las personas, desafortunadamente, tengan que tomar justicia por la propia mano como hemos visto y eso causa un daño muy importante y es lo que no queremos”.

Ríos Morales también se pronunció sobre el hacinamiento carcelario que, en el caso del Quindío, está por encima del 400 % en los centros de reclusión de la Policía.

“Todavía no tenemos un centro transitorio, a pesar de que hicimos un compromiso con el gobierno nacional y aportábamos unos recursos para realizar este espacio para trasladar a las personas privadas de la libertad de los CAI de Policía a este lugar, pero no fue posible. Hay un problema estructural muy fuerte y desafortunadamente hoy estamos viendo que la justicia que nosotros queremos que sea aplicada debemos modificarla y para esto están las leyes y así los jueces puedan aplicarlas de manera adecuada y así también dar los instrumentos a ellos para que la puedan aplicar”, dijo el alcalde de Armenia.

El alcalde de Armenia expresó que tiene mucha inquietud sobre los procesos de resocialización que apuntarían a las libertades condicionales diarias, según la reforma.

“Qué bueno que las cárceles fueran centros de rehabilitación. En Colombia, a excepción de lo que se ha hecho en la cárcel Villa Cristina de Armenia, no conozco procesos tan exitosos como los que allí se han adelantado. Es un ideal que en las prisiones se puedan rehabilitar, pero es supremamente complicado en las condiciones en las que está hoy en día el sistema, hay que hacer una transformación profunda en los centros penitenciarios, donde podamos decir acá va a haber capacitación, formación, pero tengo que decirlo con absoluta realidad, en los centros penitenciarios, a las personas privadas de la libertad no los resocializan sino que se instruyen en para continuar sus vidas al margen de la ley”, apuntó el alcalde.

El funcionario habló también sobre la posibilidad de que las personas que participen en la protesta social no sean imputadas por el delito de concierto para delinquir. “Tenemos que dejar claro que una cosa es el derecho a la protesta y otra es el vandalismo. Nunca voy a estar de acuerdo con los actos terroristas y siempre estaré de acuerdo en judicializar el vandalismo, la delincuencia y el terrorismo; todos tenemos derecho a manifestar, a protestar, pero no tenemos derecho a atentar contra los bienes públicos ni la integridad de los ciudadanos que están pensando distinto a los manifestantes”.

“La reforma tiene un mico’”, congresista

John Édgar Pérez Rojas, representante a la Cámara por el Quindío, señaló que esta reforma a la justicia tiene un ‘mico’ que busca impunidad a los delincuentes que participaron en actos de terrorismo durante la última protesta social.

“La sociedad a gritos viene pidiendo que no haya una justicia flexible sino que haya una justicia fuerte. Se encuentra uno en la opinión ciudadana decepción porque los delincuentes una vez son capturados y puestos a disposición de las autoridades competentes inmediatamente se van para la calle, entonces la gente dice: para qué denuncio si es que la víctima en vez de que sea protegida por el Estado, el Estado lo que hace es generarle beneficios al victimario y esto lleva a que la ciudadanía no crea en la justicia y, peor aún, que la gente le dé miedo usar la justicia como mecanismo para encontrar la respuesta a la protección de sus derechos”, expresó el congresista.

Y añadió: “Es un mensaje equivocado el de este gobierno nacional hacia la sociedad, porque no busca una justicia que responda para proteger a los ciudadanos y sus derechos sino que todos los días se busca dar más garantías a los delincuentes. Leyes como esta deja un mensaje para la sociedad y es que delinquir vale la pena”.

Sobre la eliminación del delito de concierto para delinquir dentro de las protestas sociales, el representante a la Cámara respondió: “Como las amnistías para los que son judicializados por el paro nacional no pasó dentro de la ley de Paz Total en el Congreso, ahora, vía a reforma a la justicia, lo que se busca es modificar el tipo penal para que las personas que son judicializadas, bajo el principio de favorabilidad, tendrían que recuperar su libertad; ejemplo: si hay una persona que es judicializada por un hurto calificado y en el momento en que cometió la conducta la pena es de 10 años de cárcel, pero posterior a ello hay una reforma que rebaja la sentencia de 10 a 8 años de prisión, esa persona podría pedir el principio de favorabilidad e inmediatamente se le reduce la condena”.

Y agregó: “Entonces, como están buscando modificar el tipo penal para la protesta social y están queriendo determinar que nunca para una protesta social cualquier acto que se genere allí se configure como un acto de terrorismo, generaría que las personas que fueron judicializadas por ese delito o concierto para delinquir en el marco de la protesta social pues inmediatamente cambiarle su imputación por aplicación del principio de favorabilidad y los que hayan sido ya condenados tendrán que aplicarle este mecanismo, quitarle el crimen de terrorismo, por ejemplo, y de inmediato recuperar su libertad, como por ejemplo alias ‘19’”.

Por último, el congresista se refirió al hacinamiento que buscar ser mitigado con, según la reforma, la eliminación de la prisión a algunas conductas punibles.

“El gobierno quiere acabar con el hacinamiento levantando o suspendiendo la ejecución de la pena de quienes hoy tienen delitos menores, pero dentro de un análisis de seguridad ciudadana lo que más la impacta y que más genera percepción de inseguridad son los delitos menores. A una persona le roban un celular y es el que se para en la esquina del barrio donde vive y esa persona con qué ánimo denuncia si a los 8 días el delincuente está libre. Es una reforma que busca premiar al victimario pero en desmedro de la protección de los derechos de la víctima, eso no tiene sentido; el gobierno tiene que mejorar las inversiones en los establecimientos carcelarios, que cumplan con los planes de ampliación de las diferentes penitenciarías del país pero no puede ser que, bajo la excusa de que tenemos hacinamiento, mandemos a los delincuentes para la calle”, finalizó el congresista.
 

Concepto académico

Diego Fernando López Guzmán, decano de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Alexander von Humboldt también se refirió sobre el proyecto: “Tenemos un sistema penitenciario y carcelario en Colombia bastante débil, una institucionalidad que no responde a los mínimos básicos de garantías que en materia de Derechos Humanos requieren quienes están privados de la libertad pagando una condena, la Corte Constitucional ha sido clara cuando ha declarado el estado de cosas inconstitucionales como consecuencia de dicha situación. También tenemos unos niveles de impunidad muy altos, delincuencia en ascenso y una percepción de seguridad ciudadana que va en deterioro y no solo es parecer, es realidad”.

Y añadió el decano: “La propuesta no debe ser entendida como buena o mala, no podemos dejar que esa idea extremista nos impida ver las cosas a profundidad porque de una parte se busca un enfoque restaurativo, en este caso que la sanción cumpla una finalidad y que sea recuperar lo que una persona hizo violando la ley pero no se puede dejar de un lado que la pena en Colombia tiene una función preventiva, protectora de la ciudadanía que cumple la ley y que sea equivalente a los daños causados”.

López Guzmán indicó, además, que no se puede pensar en un populismo punitivo que plantea una solución de aumentar el número de años en la cárcel como pena y tampoco el de liberalizar el sistema penal y carcelario para lograr un fin que, según el profesional, es noble, necesario pero que se convirtió en una escuela del crimen.

“Según cifras oficiales, son más de 98.000 colombianos privados de la libertad y, la propuesta, no puede apuntar a dar beneficios a las personas capturadas, tiene que ir mucho más allá y es necesario un análisis de las posibles gabelas a las personas privadas de la libertad con el fin de lograr que se desahogue el sistema penitenciario”, apuntó el académico.

Por otro lado, Paula Andrea Huertas Arcila, abogada especialista en derecho penal y criminalística, exjefe de defensores públicos y exdefensora del Pueblo encargada, apuntó: “No existe una línea certera desde hace varios años con relación a que se debe entender que el derecho penal es el último escalón, es decir, debemos llegar al derecho penal después de haber generado unas sanciones de prevención que están en cabeza del Estado. Lo que busca la reforma es el deshacinamiento del sistema carcelario y es un tema muy complejo porque tenemos un cupo carcelario de 120.000 cupos y actualmente la población carcelario está cercana a los 300.000 en el país -condenados y con medida de aseguramiento-. En ese sentido, las medidas que buscan la posible excarcelación de 6.000 presos sería un ‘pañito de agua tibia’ para un problema estructural y que viene desde un problema radicado en la comunidad que piensa que todo debe ser castigado con la prisión. Así las cosas, se busca darle mayor relevancia al ejercicio de la justicia restaurativa que está consagrada en la ley 599 del 2000 y generar los espacios de mediaciones, de indemnización a las víctimas, pero se necesita paralelamente generar una educación y conciencia en las personas que fueron agredidas para que entiendan que el punto final, como consecuencia del delito que se vieron afectados, sea la privación de la libertad”.

“Los cambios deben ser más profundos que regresar a la justicia restaurativa o a la premial que fue castigada con la ley 1453, estatuto de seguridad ciudadana, manifiesta en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón, cuando las personas que son capturadas en flagrancia no tienen la misma rebaja de pena de las personas que son capturadas por orden judicial porque esto hace que el sistema pierda parte de su sentido que son las negociaciones como preacuerdos”, acotó Huertas Arcila.

FUENTE lanuevacronicadelquindio.com