Exclusivo | Petrovideo: La magistrada que no creyó en la inocencia de Gustavo Petro

se conoció los argumentos de la magistrada de la Sala de Instrucción, Cristina Lombana, que no estuvo de acuerdo en la forma en la que se cerró el caso. Detalles.En el video revelado por Paloma Valencia aparece Petro recibiendo un fajo de billetes que parecen una fortuna, pero solo alcanzan los 20 millones de pesos. La versión del exalcalde quedó en entredicho cuando el arquitecto Simón Vélez negó haberle prestado el dinero.© Proporcionado por Semana En el video revelado por Paloma Valencia aparece Petro recibiendo un fajo de billetes que parecen una fortuna, pero solo alcanzan los 20 millones de pesos. La versión del exalcalde quedó en entredicho cuando el arquitecto Simón Vélez negó haberle prestado el dinero.

se tuvo acceso, en exclusiva, al salvamento de voto completo de la magistrada de la sala de instrucción de la Corte Suprema, Cristina Lombana, tras la decisión del alto tribunal de cerrar la investigación en contra del excandidato presidencial Gustavo Petro.

Justo al cierre de la indagación preliminar originada en las denuncias por los hechos del video que lo registra recibiendo una alta suma de dinero en efectivo y depositándola en una bolsa, lo que hizo el alto tribunal fue inhibirse, es decir, abstenerse de abrir investigación penal contra el senador Gustavo Francisco Petro Urrego.

En decisión mayoritaria, “la Sala Especial de Instrucción del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria determinó que el video fue grabado en octubre de 2005. Por ello, prescribió la acción penal por los eventuales delitos contra los mecanismos de participación democrática, lavado de activos, cohecho, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir”, señala la Corte.

En este caso, la diferencia de la magistrada Lombana es puntualmente aclarando que si llegara alguna prueba que los hechos ocurrieron en fecha posterior, se deben investigar.

“Con el acostumbrado respeto por las decisiones de esta Sala de Instrucción, presento mi salvamento de voto frente a la adoptada por la posición mayoritaria, por medio de la cual se inhibe de abrir instrucción en contra del senador Gustavo Francisco Petro Urrego”, inicia el salvamento conocido por SEMANA. Y explica Lombana que: “A pesar de haberse presentado la prescripción de la acción penal derivada de las conductas investigadas, la mayoría se adentró en el análisis de las pruebas recaudadas para, finalmente, concluir que «al imputado no se le puede atribuir por razón de tales hechos [los denunciados] la comisión de alguna conducta punible».

Señala Lombana, sobre este punto: “Con sumo respeto por las consideraciones de la Sala mayoritaria, en criterio de la suscrita no podía aseverarse la anunciada inexistencia de comportamientos típicos atribuibles al congresista Gustavo Petro pues las pruebas legal, regular y oportunamente allegadas a la investigación previa no permitían arribar a tal conclusión”.

Uno de los puntos más destacados del salvamento de Cristina Lombana señala que, aunque los denunciantes afirmaron no poseer conocimiento directo o indirecto sobre los hechos materia del proceso, “lo cierto es que el video cuya legalidad fue ratificada por la Sala Especial, da cuenta de una entrega de dinero al prenombrado aforado por parte de su amigo Juan Carlos Montes”.

Este último, según las pruebas recaudadas, obtuvo del capital -con independencia de su cuantía- de Roberto Simón Vélez a quien, a su vez, se lo entregaron unos «amigos oligarcas» cuya identidad se reservó”. Y luego agrega que “mal puede afirmarse que tanto el origen como la destinación de los dineros, cuya entrega quedó registrada en el registro audiovisual, fue plenamente establecida por la Corte, a fin de aseverar de forma categórica -y a la vez equivocada- que Petro Urrego no cometió delito alguno que debiera investigarse «de no haberse producido la prescripción».

La cita de un aparte del video, que se realiza a folio 157 del proveído, según Lombana, únicamente da cuenta de que Vélez Jaramillo, “fue el intermediario de la obtención de los dineros, empero en momento alguno fundamenta la licitud de dicho capital y menos aún, permite llegar al colofón de que estos fueron empleados para financiar la campaña electoral del investigado para el período 2006-2010, pues su destinación no fue establecida por la Sala”.

Lombana explica que, en su opinión, la sala de instrucción debió limitarse a declarar la prescripción de la acción penal -cuya configuración admitió-, “sin que fuera dable resolver el fondo del asunto so pretexto de hacer prevalecer la presunción de inocencia de Petro Urrego”.