en contrato carcelario, testigo habría presentado otra garantía falsa

Jorge Molina, uno de los “ventiladores” de la Fiscalía en el Caso Mintic, ha revelado que por medio de él se gestionó la garantía bancaria falsa presentada al ministerio por Centros Poblados. Ahora, está relacionado con un contrato para construir un nuevo pabellón en la cárcel Bellavista (Medellín).Imagen de referencia. La cárcel de Bellavista tiene capacidad para alrededor de 1.400 personas. Con el contrato, la Uspec busca ampliar los cupos.© ErikaWittlieb – Pixibay Imagen de referencia. La cárcel de Bellavista tiene capacidad para alrededor de 1.400 personas. Con el contrato, la Uspec busca ampliar los cupos.

El testigo Jorge Alfonso Molina sigue dando de qué hablar, y esta vez no es por sus declaraciones. Durante las últimas semanas quedó en el escenario público como una de las principales cartas de la Fiscalía, por cuyas revelaciones -entre otras versiones- fueron enviados a la cárcel preventivamente los tres primeros imputados en el Caso Mintic: la presentación de garantías falsas del Banco Itaú en un billonario contrato para llevar internet a 7.000 centros rurales. Ahora, Molina estaría involucrado, en un evento casi que idéntico, en un contrato para construir un nuevo pabellón y áreas complementarias de la cárcel de Bellavista (Medellín).

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De acuerdo con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), entidad que maneja los potentes recursos para el sistema para privados de la libertad, una vez el Ministerio de las Tecnologías caducó el contrato con Centros Poblados, dadas las irregularidades, la Dirección de Gestión Contractual se dio a la tarea de revisar si algo parecido sucedía en la institución. Y sí. Se identificó la presunta falsedad en la certificación de un cupo de crédito expedido por el Banco Itaú, en el proceso contractual para el nuevo pabellón 4 de la cárcel Bellavista.

Se trata del contrato N. 284 de 2020, que firmó la Uspec por un valor de $16.790 millones con el Consorcio Bellavista 2021, integrado por las firmas JP Servicios S.A.S y Proyectos y Desarrollos de Infraestructura S.A.S. Sobre esta última empresa, se encontró que está conformada, a su vez, en un 80% por CM Construcciones Mantenimientos, siendo el testigo Jorge Molina su representante legal en propiedad, aunque está reseñado el nombre de su hijo. El consorcio le habría hecho creer a la Uspec que contaba con un cupo de crédito de $1.720 millones con Itaú. Lo mismo sucedió en el Caso Mintic, cuando Centros Poblados soportó la seriedad de su oferta en un papel falso.

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“El pasado lunes 27 de septiembre la Dirección General de la -Uspec- notificó al contratista para dar inicio a una actuación administrativa tendiente a decretar la nulidad del contrato por configurarse una causal de nulidad absoluta, actuación que deberá continuarse hoy 5 de octubre y decidirse en los siguientes días. Es importante precisar que los recursos públicos para la ejecución de este proyecto NO han sido ni serán desembolsados por lo que no existe riesgo alguno al patrimonio público de los colombianos”, explicó la Uspec.

De acuerdo con la entidad penitenciaria, se compulsarán copias a la Fiscalía para que se adelanten investigaciones por la presunta presentación de otro documento falso en contratación pública. La Uspec se comprometió a verificar si en otro de los múltiples acuerdos que firma están los nombres de otros salpicados en el escándalo de Mintic. Por ahora, permanecen en prisión el zar de la contratación Emilio Tapia, quien estaría detrás de tres de las cuatro empresas de Centros Poblados, Luis Fernando Duque, representante legal de ese consorcio, y Juan José Laverde, funcionario de Rave Seguros y supuesto gestor de la garantía bancaria falsa de Itaú.

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De acuerdo con la Fiscalía, Molina sería el intermediario entre Juan José Laverde, Emilio Tapia y las demás personas que se habrían encargado de expedir la garantía falsa. Según les dijo Molina a las autoridades, Emilio Tapia, condenado entre oportunidades por el cartel de la contratación de Bogotá, sería uno de los mejores amigos de Laverde, quien se ha declarado inocente de todo el escándalo.

Molina habría confesado que se encontró por primera vez con Tapia en octubre de 2020, en un edificio den la calle 93 con carrera 17, en el norte de Bogotá. A esa reunión, habría explicado el testigo, acudió Juan José Laverde. Ahí habrían iniciado sus negocios, incluso sobre contratos que involucrarían a la sociedad prestadora de servicios públicos Empresas Municipales de Cali (EmCali). En esos primeros acuerdos habría participado Jorge Enrique López, quien está prófugo de la justicia y quien sería otra pieza del rompecabezas de la garantía falsa.

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Tras la reunión, Laverde le habría comentado a Molina que el grupo de Tapia, Centros Poblados, se iba a presentar a la billonaria licitación de Mintic. Sin embargo, había un problema: las aseguradoras serias no querían expedir pólizas a favor de la unión temporal, pues las cuatro empresas de conforman el consorcio no cumplían con la experiencia para llevar internet a zonas rurales. Ahí entraría Laverde. El procesado le habría enviado un documento borrador al testigo Molina, quien a su vez aseguró habérselo enviado a López. El prófugo, entonces, al parecer diligenció un documento falso con la imagen y el nombre de Itaú. El trámite duró menos de una hora.

De acuerdo con Molina, en abril de este año, cuando se supone la estrategia de Mintic ya debería estar en marcha, se reunió con Laverde en el Centro Comercial El Tesoro, en Medellín. Allí, Laverde le habría quitado el teléfono celular y le habría borrado todos los chats para eliminar todas las conversaciones sobre el seguro bancario falso. De hecho, entre los motivos para borrar la información estaba sacar del panorama a Emilio Tapia, quien era beneficiario de libertad condicional. Así las cosas, Molina sería colaborador de la justicia en el caso Mintic, pero tendría que responder por cómo otra garantía falsa habría llegado a la Uspec.