La justicia finalmente tocó las puertas de dos de los políticos más influyentes del país. La Corte Suprema de Justicia ordenó este miércoles la captura de Iván Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas, expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente. Ambos son señalados de haber recibido millonarios sobornos y apropiarse de recursos públicos, delitos que hoy los tienen al borde de enfrentar una condena histórica.
Los hilos de este entramado de corrupción, que ha estremecido a todo el país, no se tejieron en las sombras de oficinas menores, sino que —según las investigaciones— fueron manejados desde la propia Casa de Nariño. Altos funcionarios y operadores políticos habrían orquestado el desvío de millonarios recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el objetivo de comprar apoyos legislativos para las reformas del Gobierno y financiar campañas en las elecciones de 2023.
De acuerdo con los testimonios recopilados por la Corte, Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, y Olmedo López, exdirector de la misma entidad, aseguraron que Name recibió $3.000 millones y Calle $1.000 millones. Parte de ese dinero, según se ha establecido, llegó directamente a las manos de Calle en su apartamento de Montería.
En el caso de Name, los recursos habrían sido canalizados por medio de la entonces consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, un eslabón clave que ahora también está bajo la lupa de las autoridades.
Mientras tanto, la defensa de Andrés Calle insiste en que su cliente está dispuesto a colaborar con la justicia y ha solicitado que pueda enfrentar el proceso en libertad. Sin embargo, el peso de las pruebas y la magnitud del escándalo llevaron a la Corte a imponer medida de aseguramiento.
La decisión de la Sala de Instrucción, presidida por el magistrado Francisco Farfán, marca un momento decisivo no solo para los acusados, sino para el país entero. La captura de Name y Calle pone en evidencia una vez más cómo el poder político, en lugar de representar los intereses de los ciudadanos, se ha convertido para algunos en un vehículo de enriquecimiento personal a costa de los recursos públicos.
La ciudadanía espera que este proceso judicial no termine en la impunidad y que se sienten precedentes claros contra quienes traicionan la confianza pública.
Fuente: Quindio Noticias
