Exalcalde de Armenia, David Barros Vélez, se entrega a la justicia y solicita ser recluido en la cárcel La 40 de Pereira
Armenia, Quindío – En la mañana de este lunes 4 de agosto de 2025, el exalcalde de Armenia, David Barros Vélez, se entregó voluntariamente a la justicia a través de sus apoderados judiciales, en un acto realizado bajo la supervisión de la Defensoría del Pueblo, Regional Risaralda, que actuó como garante del proceso.
Barros Vélez, quien enfrenta problemas de salud y cuenta con una avanzada edad, decidió presentarse ante las autoridades para dar cumplimiento a la condena que pesa en su contra por delitos asociados a su gestión como mandatario de la capital quindiana. La entrega se produce tras varias semanas de movimientos jurídicos por parte de su defensa, en los que buscaban garantizar que el proceso se diera bajo el respeto de sus derechos fundamentales, principalmente debido a sus condiciones médicas.
Como parte de la estrategia legal, la defensa del exalcalde ha solicitado que Barros Vélez sea recluido en el centro penitenciario La 40 de la ciudad de Pereira, Risaralda, específicamente en el pabellón destinado para exfuncionarios públicos, conocido como el “ERE” (Establecimiento Reclusión Especial). La solicitud se fundamenta en la necesidad de que el exmandatario pueda recibir atención médica adecuada y cumplir su condena en un entorno que garantice su seguridad personal, dado el perfil de los delitos imputados.
Asimismo, su equipo jurídico busca tramitar la acumulación de penas, figura jurídica que permitiría unificar las distintas sentencias que pesan en su contra, con el fin de establecer un tiempo de condena definitivo y cerrar, de manera formal, este capítulo judicial que lo ha perseguido durante varios años.
La entrega de David Barros Vélez ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social del Quindío, donde aún resuenan los escándalos de corrupción y manejo indebido de recursos públicos que marcaron su administración. No obstante, sectores afines al exalcalde han expresado su apoyo, destacando su disposición a enfrentar la justicia y resolver su situación jurídica conforme a la ley.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación y el Inpec deberán evaluar la viabilidad de su traslado a la cárcel de La 40, así como las condiciones especiales de reclusión solicitadas, teniendo en cuenta los protocolos establecidos para casos de exservidores públicos condenados.
